Vox cuestiona la efectividad en el retorno de inmigrantes marroquíes a España
El partido político Vox ha señalado que solo el 14% de las órdenes de expulsión de ciudadanos marroquíes se ejecutaron durante el periodo 2024-2025.

El grupo parlamentario Vox presentó un informe crítico sobre la gestión migratoria en España, revelando que de un total de 13,771 órdenes de expulsión emitidas contra ciudadanos de origen marroquí entre 2024 y 2025, únicamente se materializaron 1,865 retornos. Esta cifra, que representa apenas el 14% de los casos, ha generado una intensa discusión en el ámbito legislativo sobre los mecanismos de cooperación internacional y la eficacia de los acuerdos de repatriación vigentes.
La formación política argumenta que la baja tasa de ejecución en las devoluciones representa un desafío para la seguridad y la gestión administrativa de los flujos migratorios. Según portavoces del partido, los datos reflejan una desconexión entre la normativa vigente y su aplicación práctica, lo que complica el control de las fronteras. La bancada ha solicitado formalmente a las autoridades competentes una revisión de los protocolos actuales para agilizar los procesos administrativos.
Como parte de su estrategia política, el equipo de Vox ha propuesto una serie de reformas legislativas orientadas a endurecer los criterios de permanencia y fortalecer la colaboración con las autoridades del país vecino. Estas propuestas buscan, según sus promotores, garantizar el cumplimiento estricto de la ley migratoria mediante la implementación de nuevos convenios de cooperación técnica y administrativa que faciliten el retorno de quienes no cuentan con estatus legal.
El debate se traslada ahora a la esfera pública, donde distintos sectores analizan el impacto de estas cifras en la política exterior española. Mientras algunos grupos políticos exigen respuestas claras sobre los obstáculos técnicos que impiden ejecutar la mayoría de las órdenes de expulsión, otras voces abogan por un enfoque integral que contemple tanto la seguridad nacional como los tratados internacionales de derechos humanos. La discusión sobre el futuro de las políticas migratorias sigue siendo uno de los temas centrales en la agenda parlamentaria del país.
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