Sheinbaum aclara postura sobre solicitud de extradición contra Rocha Moya

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró este miércoles que el gobierno de Estados Unidos no ha remitido elementos probatorios adicionales para sustentar los señalamientos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Durante su conferencia matutina, la titular del Ejecutivo enfatizó que la comunicación recibida por las autoridades estadounidenses se ha limitado exclusivamente a la solicitud formal de detención provisional con fines de extradición, sin acompañar el expediente con las evidencias que requiere el debido proceso.

La mandataria subrayó que, bajo los tratados internacionales vigentes, el gobierno estadounidense sostiene que no tiene la obligación de entregar pruebas adicionales en esta etapa del procedimiento. Esta postura mantiene el estatus de la investigación en un terreno de formalidad diplomática, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) continúa analizando los términos de la petición internacional recibida en meses pasados.

El caso, que involucra a diversos funcionarios y figuras políticas de Sinaloa, ha sido objeto de seguimiento por parte de las autoridades federales mexicanas. La administración federal ha insistido en que el curso de cualquier acción legal debe apegarse estrictamente a la soberanía nacional y a los convenios de cooperación jurídica suscritos con el país vecino.

Por su parte, el equipo de comunicación de la Presidencia reafirmó que el gobierno mexicano mantendrá su postura de solicitar transparencia total en el intercambio de información. Se espera que las instancias judiciales sigan evaluando la procedencia de la solicitud conforme a la legislación mexicana y los acuerdos de extradición que rigen la relación bilateral.

Finalmente, la jefa del Ejecutivo descartó que existan riesgos inmediatos para la estabilidad política en Sinaloa derivados de este proceso. Aseguró que las instituciones de seguridad y justicia trabajan de manera coordinada para garantizar que cualquier resolución se base en el respeto a la ley y en el marco institucional que rige al país.