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SEP aclara que educación militarizada carece de autorización legal en México

El titular de la SEP, Mario Delgado, enfatizó que solo la Secretaría de la Defensa Nacional tiene facultades para implementar esquemas educativos castrenses.

Redacción Tribuna Nacional
Foto: lopezdoriga.com

La Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Mario Delgado, emitió una postura oficial este lunes 27 de julio de 2026 para clarificar las competencias educativas en el territorio nacional. La dependencia precisó que ninguna institución educativa privada o pública de carácter civil cuenta con atribuciones legales para impartir formación militarizada, subrayando que dicha facultad recae exclusivamente en la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

El titular de la SEP señaló que el sistema educativo mexicano se rige por planes y programas de estudio de carácter civil, los cuales deben ser validados por la autoridad educativa federal. Bajo este esquema, cualquier intento de implementar instrucción de corte castrense en planteles ajenos a las academias militares del Estado contraviene la normativa vigente, lo que genera una irregularidad administrativa ante las autoridades educativas.

La postura de la SEP responde a las inquietudes surgidas en diversos estados del país, donde centros educativos han buscado integrar esquemas de disciplina militar a sus actividades curriculares. Según lo expuesto por el equipo de la Secretaría, el marco legal actual busca garantizar que la formación de la niñez y la juventud mexicana se mantenga en el ámbito de la pedagogía civil, protegiendo así el carácter laico y gratuito que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Finalmente, la dependencia federal hizo un llamado a las autoridades escolares y a los padres de familia para verificar que las instituciones cuenten con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) adecuado. La SEP reiteró que cualquier programa que exceda las facultades educativas establecidas será objeto de revisión y, en su caso, de las sanciones administrativas correspondientes para asegurar el cumplimiento del derecho a una educación pública y civil de calidad.

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