Juez cita como investigado a exdirector de la Guardia Civil española

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha citado a declarar en calidad de investigado a Leonardo Marcos, exdirector de la Guardia Civil. La medida judicial se deriva de una investigación sobre presuntas irregularidades y presiones ejercidas contra la Unidad Central Operativa (UCO), en el marco de las pesquisas relacionadas con el caso Leire Díez.

La decisión del magistrado ocurre tras los testimonios recabados en los últimos meses, donde se señaló que altos mandos habrían intervenido para modificar informes técnicos vinculados a investigaciones en curso. Según las declaraciones presentadas ante el tribunal, estas acciones habrían buscado alterar el cauce de la indagatoria sobre el entorno del presidente del Gobierno de España, lo cual ha generado un fuerte escrutinio por parte de las autoridades judiciales.

Fuentes cercanas al caso detallaron que la UCO ha aportado documentación que refuerza la hipótesis sobre una posible obstrucción a la justicia. Durante las audiencias previas, un colaborador de la Guardia Civil afirmó que se hicieron alusiones directas sobre la estructura de mando y el control político, lo que ha llevado al juez a profundizar en las responsabilidades administrativas y penales del antiguo titular del cuerpo.

Este proceso judicial, que ha captado el interés de la opinión pública, se mantiene en una etapa de instrucción donde se analizarán las pruebas periciales y los registros de comunicaciones internas. La defensa de los involucrados deberá comparecer ante el tribunal para responder por los presuntos intentos de manipular la labor de los investigadores, un hecho que ha puesto en tela de juicio la autonomía de las fuerzas de seguridad en la gestión de expedientes sensibles.

La citación marca un hito en el caso, ya que es la primera vez que un exfuncionario de dicho nivel jerárquico es llamado a comparecer formalmente por estos señalamientos específicos. El Poder Judicial continuará con la toma de declaraciones a lo largo de las próximas semanas, buscando esclarecer si existió una orden jerárquica para entorpecer el trabajo de los agentes especializados en la lucha contra la corrupción.