Desigualdad y calor extremo marcan brecha en el uso de aire acondicionado
Un estudio reciente revela que los hogares de mayores ingresos en México poseen un 60,5% más de sistemas de refrigeración que los de escasos recursos, profundizando la vulnerabilidad ante el calor extremo.
Un reciente análisis sobre la adaptación climática en México expone que la capacidad para enfrentar las olas de calor está directamente vinculada al nivel socioeconómico de las familias. Los datos indican que los sectores de renta alta cuentan con un 60,5% más de acceso a equipos de aire acondicionado en comparación con los hogares de renta baja, evidenciando una brecha en la calidad de vida y en la salud pública ante el aumento de las temperaturas promedio en el territorio nacional.
La problemática se entrelaza con la pobreza energética, una condición que afecta a aproximadamente 7,8 millones de mexicanos, quienes enfrentan dificultades para cubrir los costos de electricidad necesarios para la climatización de sus viviendas. Esta disparidad coloca a las poblaciones más vulnerables en una situación de riesgo sanitario, ya que la falta de ventilación adecuada durante los meses de temperaturas extremas aumenta la incidencia de golpes de calor y complicaciones respiratorias, especialmente en adultos mayores y menores de edad.
Desde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y expertos en desarrollo urbano, se ha señalado que la carencia de infraestructura eficiente es un desafío estructural. La propuesta de diversos organismos incluye la implementación de políticas públicas que impulsen la vivienda bioclimática y subsidios focalizados a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para aquellas zonas del país donde las condiciones climáticas exigen un consumo energético mayor para la supervivencia básica.
El estudio subraya que la desigualdad en el acceso a la refrigeración no es solo un tema de comodidad, sino un determinante social de salud. Mientras el cambio climático intensifica los periodos de calor extremo en estados del norte y el sureste del país, la brecha de infraestructura amenaza con profundizar las desigualdades existentes. La transición hacia un modelo de desarrollo urbano más equitativo aparece como una necesidad urgente para proteger a las familias más desfavorecidas frente a los retos climáticos del presente.
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