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Concejal de Vox en Sant Cugat enfrenta críticas por comentarios homófobos

Jordi Guirado, concejal de Vox, ha sido señalado por emitir burlas de contenido homófobo contra ciudadanos que cuestionaron la postura del partido sobre la final del Mundial.

Redacción Tribuna Nacional
Foto: moncloa.com

Jordi Guirado, actual concejal de Vox en el municipio de Sant Cugat, se encuentra en el centro de una controversia política tras haber emitido una serie de comentarios de carácter homófobo a través de su cuenta personal de Instagram. Los señalamientos surgieron este domingo 19 de julio de 2026, a raíz de la interacción del funcionario con diversos ciudadanos que expresaron su inconformidad respecto a la postura oficial del partido político sobre la reciente final del Mundial.

El incidente ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios y colectivos sociales han denunciado el uso de lenguaje discriminatorio por parte de un servidor público. Según reportes locales, el concejal utilizó su plataforma digital para responder con burlas hacia quienes cuestionaban los valores defendidos por su instituto político, provocando un debate sobre los límites de la libertad de expresión y el decoro institucional exigible a quienes ocupan cargos de elección popular.

Aunque el funcionario no ha emitido una disculpa formal hasta el momento, fuentes cercanas al equipo de comunicación del partido han señalado que se encuentran evaluando los hechos para determinar si hubo una violación al código de ética interno. La situación ha escalado al punto de que diversos grupos de defensa de derechos humanos han solicitado una revisión de su conducta ante las instancias correspondientes, argumentando que este tipo de retórica contraviene los principios de respeto y no discriminación necesarios en la vida pública.

La controversia ocurre en un contexto de alta sensibilidad social, donde los ciudadanos exigen mayor responsabilidad y profesionalismo de sus representantes municipales. Por ahora, el caso permanece bajo el escrutinio de la opinión pública, mientras se espera que los órganos de control municipal definan si existen elementos suficientes para iniciar un procedimiento administrativo derivado de este comportamiento en el entorno digital.

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